La comisión de Constitución de la Cámara comenzó hoy la tramitación del proyecto que crea un registro nacional de personas condenadas por maltrato animal y establece una serie de inhabilidades para ellas. La moción, presentada por la diputada Carolina Marzán, cuenta con el respaldo del Ejecutivo, quien le otorgó suma urgencia.
Cabe señalar que han sido numerosos los casos de maltrato animal este año en el país, y que el porcentaje de sentencias sigue siendo bajísimo. Durante 2024, sólo en el primer semestre, de las más de 3 mil denuncias realizadas, el 1% llegó a condena.
Tras la sesión de hoy, a la que asistió la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, la diputada Carolina Marzán señaló que “quiero agradecer la disponibilidad de la presidenta de la comisión, y por supuesto del Ejecutivo; este proyecto que tiene desde abril informe financiero, comienza a tramitarse con la urgencia ,que solicitamos tras ser testigos de una serie de casos realmente impactantes y dolorosos de maltrato animal. La gente se está atreviendo a denunciar, a exponer situaciones muy dolorosas, y por eso mismo se requiere ir avanzando en el perfeccionamiento de la legislación”.
La parlamentaria agregó que “con la Fiscalía estamos haciendo un trabajo muy importante para la creación de un protocolo nacional unificado de recepción de denuncias, que va en paralelo a esto. Hoy si bien tenemos una ley Cholito, sabemos que hay que enriquecerla y fortalecerla. Destacar además el enorme y valioso trabajo que están desarrollando las organizaciones al respecto. Ser la voz de quienes no la tienen, los seres sintientes”.
El proyecto establece, según lo explicado por la diputada de la región de Valparaíso, una serie de inhabilidades para quienes sean condenados por la Justicia por el delito contemplado en la Ley 20.380.
“Las personas registradas quedarán inhabilitadas de por vida para adoptar o adquirir animales; y, ejercer cargos, empleos u oficios con contacto directo con animales. Se permitirá a las policías coordinar con organizaciones de la sociedad civil para resguardar animales maltratados en calidad de tenedores temporales; y se establece el deber del Ministerio Público de resguardar la integridad física del animal”.
