Ministro Cordero califica como “extremadamente grave” la liberación del sicario del ‘Rey de Meiggs’ con orden falsa.
Osmar Alexander Ferrer Ramírez, acusado de participar en el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, fue liberado de forma irregular tras una orden judicial presuntamente falsificada.
Ferrer, ciudadano venezolano con presuntos vínculos con el crimen organizado transnacional y la banda Tren de Aragua, fue formalizado y enviado a prisión preventiva por el crimen ocurrido el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa.
Sin embargo, menos de 24 horas después, fue liberado por Gendarmería tras recibir un oficio electrónico que ordenaba su excarcelación inmediata.
La audiencia donde se fijó su prisión preventiva y Gendarmería lo liberó el 10 de julio.
Un documento bajo sospecha
La orden para revertir la prisión preventiva, aparentemente emitido por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, habría sido ingresado al sistema judicial mediante canales institucionales.
No obstante, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial investigan si se trató de una falsificación o producto de un hackeo informático.
“Todo indica que el documento es espurio”, señalaron fuentes del Ministerio Público, que actualmente lidera una investigación penal por falsificación de instrumento público y posible sabotaje informático.
El Ministerio de Justicia, por su parte, instruyó una auditoría urgente sobre los protocolos de validación de órdenes judiciales electrónicas.
Un crimen con sello narco
El asesinato de José Felipe Reyes Ossa fue grabado por cámaras de seguridad y presentó un modus operandi propio del sicariato: la víctima fue interceptada, reducida y ejecutada con múltiples disparos, sin que se registrara robo alguno.
La Fiscalía sostiene que el ataque fue por encargo, con un presunto pago de 30 millones de pesos.
Reyes Ossa era una figura influyente dentro del ecosistema comercial informal del barrio Meiggs.
Su muerte no solo reveló una pugna entre bandas, sino también la creciente penetración del narcotráfico en zonas urbanas y circuitos económicos paralelos.
Gendarmería y el Poder Judicial en el centro del escándalo
Desde Gendarmería aseguraron que el documento fue recibido a través de los canales formales y que no hubo vulneración interna de sus sistemas.
Aun así, la excarcelación se ejecutó sin confirmar con el tribunal correspondiente, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la fiabilidad de los procedimientos actuales.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, anunció esta mañana que se revisarán “todos los protocolos de control y validación de órdenes electrónicas”.
En tanto, el Ejecutivo prepara un informe sobre las vulnerabilidades del sistema judicial frente a delitos informáticos.
¿Una fuga institucionalizada?
Mientras continúa la búsqueda de Osmar Ferrer como si se tratara de una fuga carcelaria, aunque el imputado salió de la cárcel por la puerta principal, amparado en un documento que hoy se presume fraudulento.
Ministerio de Seguridad
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó como “grave” y “frustrante” la liberación del imputado. Según explicó, el caso pone en duda la solidez del sistema judicial y frustra el trabajo de policías y fiscales.
Además, descartó un hackeo informático, aunque señaló que el documento podría constituir una falsedad ideológica o error administrativo, lo que aún está bajo indagación.
Cordero reconoció que “todas las combinaciones posibles son malas”, y espera un pronunciamiento del Poder Judicial durante el día.
El caso no solo expone una debilidad crítica en el funcionamiento del sistema judicial chileno, sino que también revela una posible infiltración del crimen organizado en instituciones públicas, desde municipios hasta el Poder Judicial.
La Corte Suprema y la Fiscalía Nacional convocaron reuniones de emergencia para establecer medidas correctivas.
La PDI ya solicitó una alerta roja de Interpol para localizar al fugitivo.
